El Periódico de Catalunya publica hoy una información en la que sostiene que el PSOE y Zapatero dan por hecho que Maragall no repetirá como candidato a la presidencia de la Generalitat. Según las fuentes consultadas por el periódico de Franco, el Gobierno de España quiere forzar al PSC a avanzar las elecciones en Cataluña una vez se haya celebrado el referéndum del Estatuto para evitar que Maragall siga “proporcionando munición al PP contra Zapatero”. Las mismas fuentes aseguran que Maragall “es más un problema que una solución”.

En este contexto, queda claro que el PSOE no cuenta con un Maragall desorientado y amortizado. No contó Zapatero con Maragall para solucionar la crisis del Estatuto y ni siquiera tuvo información del pacto con Artur Mas hasta que éste estuvo ya firmado. El joven líder de CiU se ha convertido en el tapado de Zapatero y todo hace pensar que, más allá del pacto del Estatuto, Zapatero y Mas han firmado un acuerdo no escrito de lealtad y apoyo mutuo. Con la jubilación de Maragall, Mas tendrá el apoyo del PSC para ser presidente de la Generalitat y Zapatero disfrutará del apoyo de los nacionalistas “moderados”. CiU acaba de darle un balón de oxígeno a Zapatero y Zapatero lo pagará haciendo ministro del Gobierno de España a algún dirigente de CiU. Al tiempo.

Maragall se ha descolgado este domingo con una declaración institucional en la que solicita a ERC que no se quede fuera del acuerdo del nuevo estatuto. Además Maragall ha pedido a Zapatero y al cuatripartito que hagan un importante esfuerzo esta semana para ampliar el acuerdo firmado entre el PSOE y CiU al conjunto de partidos que aprobaron en primera instancia el Estatuto el pasado 30 de Septiembre de 2005.

Maragall es un presidente sectario. Mientras mendiga el apoyo de los republicanos ante el temor de quedarse en minoría en su gobierno, no mueve ni ha movido un dedo para incorporar al PP al debate sobre el Estatuto.

El presidente de CiU, Artur Mas, ha explicado que, durante su reunión con Zapatero para negociar la reforma del Estatuto de Cataluña, ambos pasaron la tarde fumando en las dependencias del Palacio de La Moncloa pese a la entrada en vigor de la ley antitabaco. Por muy palacio de la Moncloa que sea, La Moncloa no deja de ser un lugar de trabajo en el que también está prohibido fumar. En el palacio del Parlament, en el de la Generalitat, en los ministerios y consejerías, Congreso y Senado está prohibido fumar. La ley antitabaco afecta a todas y cada una de las dependencias de La Moncloa, —a excepción de las habitaciones de la residencia del presidente del Gobierno, donde la ley impulsada por el Ministerio de Sanidad sí permite fumar— y Zapatero debería cumplir la ley por muy presidente del Gobierno que sea. ¿Cómo podremos, a partir de ahora, exigir a los comerciantes, restauradores, clientes, funcionarios que cumplan una ley que el presidente del Gobierno no cumple?

Según el último sondeo del Instituto Opina que hoy publica el diario EL PAÍS, el PSOE (41%) mantiene una ligera ventaja de un punto sobre el PP (40%) en intención de voto. Ambos porcentajes son idénticos a los que reflejaba la encuesta del pasado mes de noviembre, y muestran, según este diario, “que se ha estabilizado tanto el desgaste electoral sufrido por los socialistas desde que el proyecto de reforma del Estatuto catalán se debatió en el Congreso para su admisión a trámite en octubre pasado, como lo ha hecho también el ascenso del PP”. Es decir, con esta encuesta en la mano, el PP podría ganar las próximas elecciones generales. Lejos quedan las encuestas en las que el PSOE sacaba 8 ó 10 puntos al PP. En septiembre de 2005, el PSOE (44%) aventajaba en seis puntos al PP (38%). En octubre se pasó a un 42%-40%, y en noviembre del año pasado la diferencia llegó a un solo punto, la misma que en la actualidad: 41%-40%. Dos años después de las elecciones en las que el PSOE logró desalojar al PP del Gobierno hay un empate técnico entre Zapatero y Rajoy.

No recuerdo que ningún gobierno en España haya sido capaz de perder todo su crédito en tan sólo dos años. Las dos cartas que jugó fuerte Zapatero durante la campaña del 14 de marzo fueron que aprobaría el Estatuto de Cataluña tal y como saliera del Parlamento catalán y que retiraría las tropas de Irak. Pues ni una cosa ni la otra.

El secretario de organización del Partido Socialista de Catalunya (PSC), José Zaragoza, ha dicho hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, utiliza razonamientos similares a los del golpista Antonio Tejero para recoger firmas en contra del Estatut de Catalunya.

Desconozco el contenido exacto de las declaraciones del golpista. Es más, no me interesa para nada lo que pueda decir ese sujeto (a pesar que le reconozco la libertad para opinar sobre lo que estime oportuno ya que los demócratas no utilizamos la fuerza para defender nuestros argumentos). Ahora bien, Zaragoza es muy imprudente tratando de establecer paralelismos entre Tejero y Rajoy.

Quienes seguro que no podrán firmar ni a favor ni en contra del Estatuto son los dos ciudadanos a los que el Gobierno del partido del Sr. Zaragoza secuestró, arrancó las uñas y enterró en cal viva.

“Ante los acuerdos suscritos por el Gobierno sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, los Presidentes Regionales del Partido Popular, reunidos en Madrid el 25 de enero de 2005:

Reafirmamos la soberanía nacional, que pertenece a un único titular, el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, cuya indisoluble unidad se manifiesta en la Nación española.

Exigimos el respeto a la Constitución, de modo que cualquier reforma estatutaria ha de respetar el marco constitucional. No se puede aceptar que por la vía de una aparente reforma estatutaria, al margen del procedimiento constitucional, se dé carta de naturaleza a reformas constitucionales que además suponen una quiebra de la unidad nacional y de la igualdad de todos los españoles. El conjunto de los ciudadanos tiene derecho a opinar sobre un cambio del modelo de convivencia que a todos nos afecta.

Rechazamos que desde los estatutos de autonomía se altere el reparto de competencias previsto en la Constitución. Es preciso mantener una homogeneidad social básica, rechazando cualquier intento de revisar estatutariamente las competencias del Estado que le atribuyen con exclusividad la potestad para dictar la regulación básica o de régimen general ordenada a asegurar la igualdad de los españoles.

Abogamos por el mantenimiento de un Estado viable que pueda llevar a cabo las funciones de un Estado moderno, puesto que está en juego el grado de cohesión nacional, el nivel de prosperidad económica de los españoles y su posición en el mundo. Nos preocupan las consecuencias del debilitamiento del Estado para la convivencia, el crecimiento económico y los niveles de renta y empleo, la unidad de mercado y el mantenimiento de la igualdad en la prestación de los servicios públicos esenciales.

Defenderemos la igualdad entre españoles en derechos, deberes y en el acceso a los servicios públicos fundamentales.

Entendemos que es un motivo de orgullo que además del castellano como lengua oficial y común de todos los españoles, España goce de la riqueza de la convivencia de diversas lenguas. El derecho a utilizar las lenguas autonómicas, oficiales todas ellas en nuestras Comunidades Autónomas, está constitucionalmente reconocido y su uso y protección es valorado positivamente por el pueblo español. No obstante no compartimos, ni compartiremos políticas de discriminación hacia las personas que emplean la lengua castellana de forma habitual.

Rechazamos la imposición a todos de un modelo de financiación acordado bilateralmente entre el Gobierno y el líder de la oposición de una Comunidad Autónoma, que quiebra los principios de igualdad entre españoles y solidaridad entre territorios, haciendo inviables los objetivos de cohesión nacional. Cualquier modificación del sistema de financiación autonómica debería haberse efectuado desde planteamientos multilaterales, con el consenso de todas y cada una de las CCAA, en los órganos competentes para ello y sobre el respeto a los principios de autonomía, suficiencia, y coordinación, sin que ninguna reforma puede suponer una quiebra del principio de solidaridad, ni agravios entre Comunidades Autónomas.

Defendemos la libertad de los españoles y en particular, de los catalanes frente el intervencionismo que inspira la propuesta de nuevo Estatuto de Cataluña, que evidencia una clara desconfianza hacia la sociedad civil, la libertad de mercado y la igualdad de oportunidades.

Reivindicamos el espíritu de consenso que presidió la transición. Este consenso ha sido un constante desde 1978 en todas las reformas estatutarias y ha de propiciar que cualquier reforma deba de estar avalada, al menos, por los dos grandes partidos nacionales, tanto en los parlamentos autonómicos como en las Cortes Generales".

El acuerdo al que ha llegado Zapatero con los nacionalistas supone la enésima cesión de un gobierno débil que intenta poner punto final “como sea” al debate sobre el Estatuto de Cataluña. Ahora intenta engañarnos a todos diciendo que es un buen acuerdo para los españoles. Lo será para CiU, pero no para el conjunto de los españoles. Además, el Estatuto pactado sigue siendo inconstitucional. El acuerdo nos deja un Estatuto que sigue instalado en la insolidaridad, la bilateralidad y el blindaje de competencias. Quién lo ha dicho con toda claridad es Artur Mas: “este es un punto y seguido. El acuerdo no pone fin a las reclamaciones de Cataluña”. Este Estatuto pone el contador a cero de la reivindicación nacionalista.

Lo que el acuerdo oculta es que el Estatuto equipara “nacionalidad” y “nación”, que se establece una relación de tu a tu entre la Generalitat y el Gobierno de España, que se abre la puerta a la creación de una agencia tributaria y se sientan las bases para la insolidaridad. Sin duda, los que creen que Cataluña es una nación hoy están más cerca de lograrlo y eso se nota en sus caras. Los que creemos lo contrario estamos más preocupados que nunca. Mientras Rubalcaba intenta convencernos “como sea” que el hecho que aparezca el término “nación” en el preámbulo no tiene valor jurídico, el propio Maragall señala que “Cataluña es una nación y eso tiene el mismo efecto en una parte u otra del Estatuto”.

La cesión de un 50% del IRPF, del 50% del IVA y del 58% de los Impuestos especiales supone 3.620 millones de euros adicionales para Cataluña que van a dejar de recibir otras comunidades. ¿Cuánto devolverá Cataluña en concepto de solidaridad? De momento Artur Mas ha dicho que Cataluña mejorará en 2.760 millones de euros su financiación. ¿Quién los pondrá? ¿En qué lugares de España se dejará de invertir para que la Generalitat reciba 3.000 millones de euros adicionales en infraestructuras.

Zapatero debería de dejar de esconderse de los españoles y comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar el alcance del acuerdo y conocer, de verdad, a qué precio está vendiendo España.

Son muchos los jóvenes independentistas que llevan ya algunos años intentando convertirse en héroes por manifestarse de forma violenta contra el PP, contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, contra la policía local de Sabadell o contra los Mossos d’Esquadra en Berga. También se atreven a encadenarse frente a la COPE y amenazar de muerte a los intelectuales que, como Albert Boadella, Francesc de Carreras o los miembros de la Asociación por la Tolerancia, se atreven a denunciar los intentos de imponer, desde el poder político y mediático, el pensamiento único en Cataluña.

Estos son sólo algunos desgraciados ejemplos que ponen de manifiesto la falta de cultura democrática y de capacidad de diálogo que aún existe en algunos sectores de la sociedad catalana. Son, afortunadamente, una minoría de individuos que tienen la absurda e indignante pretensión de convertirse en los abanderados y defensores de unas libertades y derechos que ni ellos mismos son capaces de respetar. Alguien debería explicarles —si acaso alguna vez son capaces de escuchar los razonamientos ajenos a sus consignas y abucheos— que no tienen derecho a manifestarse de forma violenta contra aquellos que, de forma pacífica y democrática, se reúnen para diseñar en común un proyecto político para Cataluña o contra aquellos que tienen asignada constitucionalmente la función de garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos.

Es legítimo en democracia manifestarse públicamente para reivindicar cambios en la orientación política de los Gobiernos. Lo que no parece razonable es que no se utilicen los mecanismos de los que la sociedad se ha dotado para hacerlo. Por ello, a los miembros del Partido Popular nos asiste el derecho constitucional de poder pronunciar con normalidad democrática una conferencia en Girona, participar en un acto sobre políticas de igualdad en Cornellà o presentar, sin coacciones ni amenazas, una candidatura municipal en Ripoll. De igual modo, no podemos tolerar que alguien pueda decir que la simple presencia de los agentes de la autoridad en un concierto en Berga supone una provocación o que una emisora de radio miente simplemente porque no dice lo que queremos escuchar. Aquellos que tratan de impedir el ejercicio normal de la democracia mediante la violencia, el insulto y la coacción sólo pueden ser considerados como enemigos de la democracia. Y es contra ellos contra los que los demócratas debemos unirnos. Aquellos partidos que desde la oposición o desde el gobierno consideran una provocación que Rajoy visite Cataluña deberían reflexionar profundamente sobre lo que viene sucediendo en Cataluña en los últimos años.

Cataluña ha registrado más de trescientos ataques con explosivos en los últimos diez años. Entidades bancarias, empresas, partidos políticos, edificios oficiales y empresas de trabajo temporal son algunos de los objetivos elegidos por quienes actúan de igual modo que los que protagonizan la kale borroka en el País Vasco. En Cataluña es políticamente incorrecto decir que la situación empieza a asemejarse a la que se vive en las calles del País Vasco, pero debería ser motivo de preocupación para los partidos que alientan o que callan ante este tipo de acciones radicales, que en la Cataluña del siglo XXI, en el contexto de una sociedad plural, tolerante y abierta, existan grupos radicales que, bajo el pretexto de una pretendida reivindicación nacional, puedan atentar y limitar la normalidad democrática que tanto nos ha costado alcanzar.

Se equivocan, y mucho, los socialistas españoles y el cuatripartito catalán excluyendo del debate estatutario al Partido Popular. Se equivocan porque no sólo están marginando a Rajoy y a Piqué, que también, sino porque están marginando a diez millones de españoles a los que el PP legítimamente representa. El Gobierno del “como sea” intenta llegar a un acuerdo “como sea” con los partidos que no creen en la España constitucional. Intentará “como sea” que se apruebe el Estatuto y que los barones socialistas que aún creen en España acepten “como sea" el texto pactado con Maragall y Carod Rovira.

Zapatero y el tripartito catalán han decidido marginar al PP e impulsar una reforma institucional, por primera vez en la historia, sin el acuerdo con el principal partido de la oposición. Es un gran error porqué, a partir de ahora, nadie podrá quejarse si el PP, con la mayoría parlamentaria necesaria, decide impulsar en el futuro una reforma constitucional que establezca que España está constituida por regiones y que buena parte de las competencias que hoy tiene Cataluña, deben volver al Estado.

El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, ha dicho hoy que "las ansias y los horizontes independentistas" en Catalunya "prosperarán en función de lo cómoda que Catalunya se encuentre en el marco español" y por tanto del resultado de la negociación del Estatuto. "Si Catalunya no se encuentra tratada con comodidad y siempre está bajo sospecha, esta opción —el independentismo— podría tener un crecimiento más notable". Carod Rovira ha intentado engañar a los espectadores de TVE al señalar que en la negociación del Estatuto "no se está discutiendo ni la independencia de Catalunya ni la soberanía de Catalunya ni nada que se le parezca", sino un Estatuto "de autonomía en el marco del Estado español". Además, añadió que "la afirmación de un territorio como nación no implica que necesariamente esta nación tenga que ser independiente".

Hay que reconocer que, a pesar de todo, ERC está siendo coherente en todo este debate. Quiere la independencia de Cataluña y trabaja para conseguirlo. Sin duda, las afirmaciones de Carod Rovira no esconden nada: "la afirmación de un territorio como nación no implica que necesariamente esta nación tenga que ser independiente". Por tanto, el líder de ERC reconoce que el nuevo Estatuto deja entreabierta la puerta a la independencia de Cataluña. Si Zapatero acepta —como ha aceptado— que Cataluña es una nación que decide constituirse en Comunidad Autónoma, nada le impedirá en un futuro decidir, ya que es una nación, ser otra cosa que nada tenga que ver con una Comunidad Autónoma.

Los jóvenes de ERC, por si acaso, ya calientan motores con una campaña que pone de manifiesto el objetivo final del Estatuto que no es otro que la independencia de Cataluña. Nada que decir. La indignidad no es de ERC sino del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE que están sirviendo de colaboradores necesarios a la causa secesionista de los republicanos.

Todos los partidos políticos catalanes, a excepción del PPC, acaban de presentar en el Parlament de Catalunya una proposición no de ley en la que expresan “su preocupación por el procedimiento contra el diario Egunkaria” y “la solidaridad del Parlament de Catalunya con las personas afectadas por el cierre de este diario”. La iniciativa parlamentaria que fue presentada el pasado 16 de diciembre y admitida ayer a trámite por la Mesa del Parlamento catalán, está firmada por los portavoces parlamentarios de CiU, PSC, ERC e ICV. En la exposición de motivos, el cuatripartito critica la “dilación judicial del proceso” y apoya las iniciativas que han reclamado desde el cierre de Egunkaria “el sobreseimiento definitivo del caso”. La proposición no de ley también “reitera la defensa de la libertad de expresión y de opinión como derecho fundamental, basado en el respeto de los derechos humanos, a todas las culturas y a los procesos de plena normalización lingüística”.

Esta iniciativa del cuatripartito supone un despropósito y una injerencia inaceptable del poder político en las actuaciones judiciales. El juez Del Olmo ordenó el cierre de este medio de comunicación después que la Guardia Civil encontrase documentos en poder de la banda terrorista ETA en los que se la relacionaba con la dirección de Egunkaria. Dejemos actuar a la justicia y no condicionemos, desde el Parlamento de Cataluña la actuación del juez. Sería bueno que algún día, por variar, Pasqual Maragall y los socialistas catalanes intentasen recobrar el sentido común teniendo en cuenta, además que el PSE no apoyó una iniciativa similar debatida en el Parlamento Vasco en noviembre de 2005

No es la primera vez que algunos medios de comunicación catalanes publican artículos de opinión en los que se amenaza, se injuria y se calumnia a ciudadanos, partidos políticos y medios de comunicación. En los últimos meses se ha incrementado el número de artículos de este tipo, seguramente envalentonados sus autores por un gobierno tripartito que ha hecho de la confrontación el principal argumento de defensa frente a quienes criticamos la inacción de este gobierno.

En Junio de 2005 y bajo el título “Falangistas taxidermistas” el periodista Oriol Malló arremetía en el diario “Avui” contra los miembros de la plataforma “Ciutadans de Catalunya” con argumentos como el siguiente: “Boicoteémoslos, marquémosles a fuego ardiente, hagámosles la vida imposible para que sufran en campo propio aquello que ellos hicieron cuando mandaban realmente”. El artículo seguía “Decidlo claro, amigos de afables conversaciones y visiones magistrales, nos queréis exterminar, ahora que sabéis que somos pocos, cobardes y frágiles, y que todos os escuchan con temor reverencial. Pues nosotros también queremos exterminaros, qué caray. Divirtámonos hasta morir que la guerra, a cara descubierta, tal vez ya ha empezado”.

Este jueves, en un artículo de su columnista habitual Iu Forn titulado "Manual del buen golpista" los lectores del “Avui” podían leer: "sufrimos una pandemia de militares" que, "como están enfadaditos se dedican a sacar los tanques a la calle". Forn concluía su artículo diciéndoles a los militares que recordaran "que la ordenanza de civismo de Barcelona prohíbe la práctica de la prostitución en según qué supuestos. Por tanto, mejor que vengan sin sus madres".

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, Carlos Fanlo, también publicó un artículo, esta vez en el periódico gratuito “20 Minutos”' titulado “F.J. Losantos” en el que, tras calificar al periodista de la cadena COPE de “mentiroso abyecto”, recordaba: “Los de Terra Lliure te tirotearon. Fueron crueles al herirte en la pierna. De haber apuntado al corazón, nada te hubiesen lesionado porque careces de él”.

Es muy grave que un periódico participado en un 20% por una institución como la Generalitat se permita publicar las cosas que publica, pero resulta aún más grave que el presidente de la Generalitat de Cataluña y el resto de partidos que integran el tripartito callen y miren hacia otro lado ante este tipo de comentarios. La Generalitat se justifica diciendo que el periódico no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores pero la comprensión y el silencio de Maragall ante semejantes barbaridades le hace cómplice de quienes alientan, desde los medios de comunicación, una violencia impropia de un estado social y democrático de derecho como el nuestro

Algo huele a podrido en la política catalana cuando sólo el PP rechaza públicamente este tipo de comentarios, cuando nadie condena los ataques contra los dirigentes del PP, cuando se aplaude y subvenciona a los medios de comunicación afines y a las juventudes que se dedican a llenar las calles de nuestras ciudades y pueblos con carteles injuriosos y amenazantes.

Cataluña pierde su libertad. Hoy ya no se puede disentir de la doctrina políticamente correcta que defiende y propugna el tripartito y CiU. Criticar el nacionalismo, lamentar la persecución del castellano, ofrecer una conferencia para explicar las razones por las cuales te opones al Estatuto del cuatripartito son deportes de riesgo en la Cataluña de Maragall. Estamos perdiendo el norte y lo peor es que cada vez hay más miedo a decir lo que uno piensa. Continuarán, como hacen esos articulistas, señalando con el dedo para que otros boicoteen actos públicos, lancen huevos o cócteles molotov. La estrategia no es nueva. Lo lamentable es que el Gobierno de Cataluña no reaccione ante una situación que nos aboca, desgraciadamente, a la “batasunización” de la política catalana.

El presidente del Gobierno de España ha aceptado que el nuevo Estatuto de Cataluña incluya, además de la definición de Cataluña como nación, el deber de conocer el catalán. A partir de la entrada en vigor del nuevo Estatuto, el castellano desaparecerá definitivamente de la vida pública e institucional de Cataluña. Hasta ahora, con el Estatuto vigente y al amparo de la Ley de política lingüística, los sucesivos gobiernos de la Generalitat han ido eliminando los espacios en los que los ciudadanos, en el ejercicio de nuestra libertad, podíamos utilizar el castellano. Fueron los gobiernos nacionalistas de Jordi Pujol los que iniciaron todo este proceso pero no ha sido hasta la llegada de un socialista a la presidencia de la Generalitat que se han incrementado los controles, inspecciones y multas a quienes utilizan la lengua oficial en el conjunto de España.

En los dos últimos años, el Gobierno de Cataluña ha intensificado su labor de persecución de quienes utilizan la lengua castellana. Las inspecciones a comercios y restaurantes se han incrementado en un 400% y en el 2005 la Generalitat ha recibido más de un millar de denuncias anónimas. El Gobierno catalán ya lleva recaudado 81.250 euros en multas y tiene otros 94.950 en fase de resolución.

En los colegios e institutos la situación tampoco es muy esperanzadora. Los padres no podemos elegir la lengua en la que queremos escolarizar a nuestros hijos. Además, desde la Consejería de Educación se han enviado circulares a todos los centros públicos recordando a los profesores su obligación de utilizar “exclusivamente” la lengua catalana en todas y cada una de las comunicaciones y actividades con alumnos, profesores y padres. El Departamento de Educación de la Generalitat ha pedido también a los directores de los centros que no firmen las hojas en las que los profesores justifican sus horas de clase si éstas no están redactadas en catalán. Además, la circular exige a los profesores que utilicen el catalán incluso con los alumnos y padres de los alumnos provenientes de la inmigración.

Esta semana hemos sabido que la Generalitat está auditando, a través de una empresa privada, ocho hospitales de Cataluña para comprobar si el personal sanitario habla catalán entre sí y con los pacientes, y si la documentación que se emite en estos centros ─incluidas las historias clínicas de los ciudadanos─ está también en lengua catalana. No todo vale para fomentar el uso del catalán. No es de recibo que la Generalitat encargue auditorias ilegales para saber cuáles son los médicos que utilizan el catalán y cuáles el castellano. El Gobierno tripartito ha sobrepasado los límites de la ley y de la ética. Además, los ciudadanos no consiguen entender las razones por las que el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña dedica recursos públicos para elaborar estos informes en lugar de destinarlos, por ejemplo, a la reducción de las listas de espera.
Otro ejemplo de la política lingüística de la Generalitat lo encontramos en el “Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008”, que incluye programas para dar a conocer la lengua catalana entre los recién llegados. El tripartito considera que el dominio del catalán es el primer elemento para superar el aislamiento y la exclusión social en Cataluña y olvida que son muchos los ciudadanos que se han integrado y que han contribuido a construir la Cataluña de hoy teniendo al castellano como lengua de uso. El “Plan de ciudadanía e inmigración” del Gobierno catalán sólo prevé dar clases de castellano a los inmigrantes presos, y condena a esta lengua a ser la propia de quienes están en la cárcel.

Ahora, José Luís Rodríguez Zapatero y el PSOE van a entregar al tripartito la capacidad para poder seguir avanzando en la marginación del castellano en Cataluña. Con el nuevo Estatuto, el castellano va a convertirse en una lengua que únicamente podrá ser utilizada en la intimidad. Convertir en un deber el conocimiento del catalán significará que las administraciones catalanas no tendrán que utilizar el castellano, desaparecerán los impresos y formularios en esta lengua y todas las instituciones utilizarán de manera exclusiva el catalán.

En este contexto se enmarca la iniciativa del Ministerio de Defensa de remitir una carta a los militares ordenándoles hablar sólo en castellano en toda España. La inquietud generada por la inminente aprobación del Estatuto de Cataluña ha llevado al Gobierno a mover ficha. Una ficha antidemocrática que sólo pretende salir al paso de una situación que ha generado el propio PSOE. Una carta de un subsecretario de Defensa no está por encima de una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y si el Estatuto se aprueba como quiere Zapatero, los militares en Cataluña también estarán obligados a conocer el catalán. La carta de Bono animando a los militares a incumplir el Estatuto que ellos mismos están impulsando es un mal camino para nuestra democracia y el mejor ejemplo de la deriva en la que se ha instalado el Gobierno de España.

El pasado 15 de noviembre, una delegación del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, encabezada por la Consejera, Marta Cid, viajó a Bruselas para asistir al Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea. El objetivo del viaje era leer un texto acordado por los representantes de las Comunidades Autónomas que habían asistido a la reunión convocada para este efecto la semana anterior en Barcelona. Cuando las cinco personas que formaban parte de la delegación —consejera incluida— llegaron a Bruselas, la Ministra de Educación y Ciencia del “gobierno amigo” comunicó a la consejera que no leería ningún texto. Marta Cid, recogió las maletas y se volvió a Barcelona. Los catalanes hemos pagado de nuestro bolsillo a la consejera y a su séquito (Jefe de Gabinete de la Consejera, Jefe de la Oficina de Relaciones Externas, Jefe de la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas y el Jefe de la Oficina de Cooperación Educativa y Científica Internacional) un viaje absurdo e improductivo. El gasto total de este viaje ha sido de 4.100,77 euros (1.034,00 en billetes de avión; 194,72 en un suplemento para la vuelta de la Consejera y su Jefe de Gabinete; 1.150,00 euros en un Hotel de 4 estrellas; 1.413,40 en un minibus con xofer; 270,35 euros en refrigerios y 38,30 euros en taxis)que, por desgracia, ni la Consejera ni la Ministra van a devolver a los bolsillos de los catalanes. ¿No podrían coordinarse mejor pare evitar esta pérdida inútil de tiempo y de dinero?

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, y sus socios de gobierno están dispuestos a borrar de un plumazo todos aquellos símbolos que identifiquen a Cataluña con Jordi Pujol. La Dirección General de Difusión Corporativa, departamento que depende del gabinete de presidencia de la Generalitat, encargó hace unos meses a una empresa privada un estudio para saber qué grado de identificación hacen los catalanes entre el escudo de la Generalitat y los gobiernos de CiU.

La encuesta refleja que la mayoría de los ciudadanos asocian el escudo con "valores nacionalistas revestidos de seriedad" y matiza que "Pujol es la persona más asociada con el símbolo de la Generalitat". Pero el estudio incluía además otra pregunta sobre la que Maragall estaba especialmente interesado: se trataba de saber qué pasará si se cambia el logotipo, una posibilidad que el informe "desaconseja" porque podría ser contraproducente.

El documento costó 26.100 euros (casi 4,5 millones de las antiguas pesetas). Una nueva muestra del despilfarro de dinero público y una utilización partidista de los recursos de la Generalitat. Encargar un estudio de estas características supone un claro intento de apropiarse de los símbolos y las instituciones para hacerlas suyas.
El hecho de que Maragall trate de que los catalanes dejen de asociar ciertos símbolos con la figura de Pujol no es nuevo. De hecho, el tripartito lleva tiempo testando la posibilidad de un cambio en el logotipo. Incluso se ha llegado a hacer un boceto con un emblema nuevo y cuadrado en lugar de ovalado como es el actual con sus cuatro barras rojas sobre fondo amarillo.

La obsesión de Maragall por cambiar los símbolos viene de largo ya que intentó una jugada similar durante su etapa como alcalde de Barcelona. En ese momento el ahora presidente de la Generalitat cambió el escudo del Ayuntamiento, aunque una sentencia posterior del Tribunal Supremo invalidó el cambio.

Resulta patético que la política catalana se haya convertido en una discusión sobre los porcentajes y las posibilidades de aprobación del Estatuto y sobre si las reuniones deben ser bilaterales o multilaterales. Nadal, Mas y Duran Lleida llevan unos días hablando de las probabilidades que el Estatuto salga adelante o no. Mientras tanto, los ciudadanos observamos a través de los informativos de las televisiones un continuo devenir de dirigentes del PSOE, del PSC, de CiU, de ERC y de ICV entrando y saliendo de despachos, subiendo y bajando del puente aéreo, comiendo y cenando… “Fuentes conocedoras de la reunión —afirman los presentadores— aseguran haber sentado las bases para alcanzar puntos de acuerdo”.

El apagón informativo al que el cuatripartito está sometiendo a la opinión pública sobre las cosas que se están negociando y sobre los acuerdos a los que están llegando es impropio de una democracia consolidada como la nuestra. El futuro de Cataluña y de España no puede ventilarse en una cena entre Solbes y Castells en un restaurante de lujo de Madrid o Barcelona.

El Gobierno tripartito ha gastado 736.960 euros en modificar la portada de su página web en Internet. Un gasto absolutamente injustificado si tenemos en cuenta que la excusa para malgastar este dinero es, según el propio gobierno, que “los ciudadanos tenían fuertes dificultades para acceder a sus contenidos”. El denominado “giro social” del tripartito consiste en gastar alegremente el dinero de los catalanes.

Hace ahora un año, el Ministro de Defensa de España, José Bono, en su discurso de celebración de la Pascua Militar sentenció que “en la Constitución sólo cabe lo que cabe”. Bono aseguraba entonces que “a mí me gusta el artículo octavo de la Constitución”, que recuerda que las Fuerzas Armadas garantizan la unidad e indivisibilidad de “la Nación española, patria común e indivisible”. Por aquellas mismas fechas, era Rodríguez Ibarra quién pedía que se suprimieran las competencias en materia de seguridad pública al País Vasco si el Plan Ibarretxe salía adelante.

Un año después, el general jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general del Ejército José Mena Aguado, ha sido arrestado y cesado por coincidir con Bono. Mena afirmó ayer que si "los límites infranqueables" que marca la Constitución son rebasados por algún Estatuto, "sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución", en el que se dice que las Fuerzas Armadas "tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional".

Declaraciones como las realizadas por el teniente general José Mena Aguado no deberían producirse en democracia. Como tampoco deberían producirse actuaciones o decisiones de responsables políticos que puedan dar pie a que el ejército tenga que recordar la tarea que le confía nuestra constitución bajo las órdenes del Gobierno y de las Cortes Generales. Por ello es urgente que el presidente del Gobierno de España acabe, de una vez, con la incertidumbre y la intranquilidad que el Estatuto de Cataluña esta generando en diferentes sectores de la sociedad española —entre ellos, algunos dirigentes del PSOE— y ponga punto final a las especulaciones que este texto ha abierto sobre el futuro de España.

¿Recuerdan el improvisado viaje de Maragall a Macao para hacerse una fotografía con la selección catalana de jockey y una bandera independentista? Aquella foto nos costó (según información facilitada por el propio Govern) 23.000 euros. Una de las primeras decisiones del tripartito fue suprimir las subvenciones que se concedían para poder comprar unas muletas, porqué, según la Consejera de Sanidad, no había dinero para todo. Con lo que nos costó la foto de Maragall en Macao, el Govern podría haber subvencionado la compra de 1.077 pares de muletas. Esta es, sin duda, una buena muestra del giro social de este gobierno.

El Gobierno tripartito gastó, antes de ser aprobado por el parlamento catalán, un total de 2.178.598 euros para elaborar unos estudios previos y publicitar el texto de un Estatuto que no existía. Así lo reconoce el conseller Saura en una respuesta parlamentaria a una pregunta que le formulé hace algo más de un mes.

Si el Estatuto aprobado en primera instancia por el parlamento es fruto del trabajo de una ponencia conjunta integrada por todos los grupos, ¿cómo es posible que el Govern haya gastado 225.000 euros en la “realización de estudios sobre competencias, régimen local y organización territorial, financiación autonómica, administración de justicia, acción exterior y participación europea, hecho diferencial y reconocimiento nacional, legislación básica y otras referidas al proceso de elaboración y bases de sostenibilidad del nuevo Estatuto”? ¿Cómo es posible que el Govern haya malgastado todo este dinero en unos estudios que han dado pie a un Estatuto que debe “quedar limpio como una patena” a su paso por el Congreso?

Por otro lado, el Govern ha gastado 18.381,09 euros en la “organización de jornadas de trabajo para la presentación del proceso de reforma estatutaria”. Como lo leen. El tripartito ha destinado más de 18.000 euros simplemente en explicar cual era el método de trabajo en el proceso de reforma. No se habló de contenidos, porqué ni siquiera existían, sino de método. Además, la publicación del libro “Estudios sobre la reforma del Estatuto” le costó al bolsillo de los catalanes un total de 10.964,25 euros. Las campañas de divulgación y participación (el autobús del Estatuto, el auca del Estatuto, etc.) ascendieron a 490.763 euros. Las inserciones en prensa, anuncios de actos y diseño de anuncios nos costaron un total de 1.433.289,19 euros.

La izquierda no tiene ningún tipo de complejo en malgastar el dinero de los ciudadanos. Resulta una auténtica tomadura de pelo que el Conseller Saura haya gastado más de dos millones de euros en vender humo, en embarcar a los catalanes en una aventura irresponsable liderada por Maragall, Carod y Mas. La necesidad de elaborar un nuevo Estatuto sólo era una prioridad en la mente de algunos políticos catalanes. Dos millones de euros y todas las instituciones de Cataluña paralizadas durante dos años por culpa de la irresponsabilidad del cuatripartito es un precio demasiado elevado incluso para el Estatuto de Cataluña.

El Gobierno de la Generalitat oculta información al Parlament. El Conseller primer no quiere darme por escrito la relación de estudios, trabajos técnicos, documentos e informes que cada Departamento del Govern, empresas públicas y organismos que dependen, han encargado en los dos últimos años a personas o despachos que no sean de la administración pública.

Hace un mes solicité por escrito toda esta información al Gobierno de la Generalitat. El Ejecutivo me contesta ahora pidiéndome que pida cita previa con cada uno de los secretarios generales de los Departamentos del Gobierno para hablar del tema. La respuesta del Conseller Primer, Josep Bargalló supone una burla al Parlament y un desprecio por la actividad de control que en democracia debemos hacer los que nos encontramos en la oposición.

Bargalló pretende tenerme deambulando por las consejerías del tripartito, mendigando una información que debería facilitar por escrito al Parlamento. Ahora que está tan de moda el talante, debería Bargalló preguntar a su compañero de partido, Joan Ridao sobre la respuesta que le dio el anterior Gobierno de CiU a una pregunta similar. Ridao había solicitado lo mismo que yo pido ahora pero en el periodo comprendido entre los años 1994 y 2003. El Gobierno de CiU le contestó por escrito con más de 2.000 folios de información. Por desgracia la transparencia anunciada por el nuevo gobierno “catalanista y de izquierdas” brilla por su ausencia.

El conseller de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat, Josep Huguet, ha denunciado hoy la discriminación y boicot que sufren las empresas catalanas radicadas en Madrid pidiendo que no se presenten a concursos "porque no ganarán". Entre los sectores afectados, según Huguet, figuran la hostelería, los componentes eléctricos y el textil. Según el Conseller de Comercio, "empresas ex públicas y algunas públicas radicadas en Madrid" han sufrido "casos de discriminación" por razones de origen en los que "advierten al concursante catalán de que no hace falta que se presente al concurso" porque "no tiene ninguna opción" de ganarlo.
Si es cierto lo que ha dicho Huguet, se estaría produciendo una grave discriminación por razón del origen de la empresa que estaría vulnerando la libertad de mercado. Pero la denuncia de Huguet no puede quedarse en una simple declaración a los medios de comunicación. Huguet es el Conseller de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat y como tal debe actuar en defensa de los intereses de las empresas catalanas. Si Huguet conoce algún caso, su obligación es ponerlo en conocimiento de los jueces y tribunales. Si no lo hace, Huguet se habrá convertido en un encubridor de los que, según él, boicotean en los concursos a las empresas catalanas.

Hace dos años que no veo en ningún informativo a Carod y a sus chicos a pie de autopista reclamando una “Cataluña libre de peajes”. Y no es porque ERC no pueda salir en TV3 cada vez que quiera. Hasta hace dos años, socialistas e independentistas criticaban al PP por el “expolio” que significaban los peajes para Cataluña. Hoy, el peaje de todas las autopistas de la red estatal ha crecido entre un 3,3 y un 3,5 por ciento, lo que supone el segundo mayor incremento en los últimos años. Los peajes de las autopistas de titularidad de la Generalitat también han subido hoy una media del 4,9%. Las nuevas tarifas se aplican en las autopistas C-16 (entre 1,04 y 3,18 euros en días laborables), C-32 (entre 1,02 y 2,57 euros), en los túneles de Vallvidrera (3,11 euros en hora punta), del Garraf (4,69 euros) y del Cadí (9,68 euros). El tramo de la C-33 de Barcelona a Montmeló subirá a 1,23 euros, de los que 0,98 corresponden a la Generalitat (5 céntimos más) y 20 al Estado (otros 5 céntimos de incremento). ¿Dónde esta Carod Rovira? ¿Y la Consellera Tura? Ya no se para en las barreras para hacer sonar su silbato contra los peajes. Que tiempos aquellos. Sin duda, contra el PP vivían mejor. Ahora callan, asienten y justifican. Una vergüenza. Como la vergüenza de la fragata española en Irak. ¿A qué hora es la manifestación frente a la Delegación del Gobierno o la sede del PSC? ¿Y la cacerolada? No lo he visto en TV3 ni lo he oído en Catalunya Ràdio. Seguramente tienen mucho trabajo con el nuevo Estatuto como para preocuparse de los problemas de la gente.

Una imagen vale más que mil palabras. La fragata Alvaro de Bazán patrullando como escolta privilegiada (a la derecha y en primera fila) del portaviones Roosvelt de la US Navy por aguas del golfo pérsico