El acuerdo al que ha llegado Zapatero con los nacionalistas supone la enésima cesión de un gobierno débil que intenta poner punto final “como sea” al debate sobre el Estatuto de Cataluña. Ahora intenta engañarnos a todos diciendo que es un buen acuerdo para los españoles. Lo será para CiU, pero no para el conjunto de los españoles. Además, el Estatuto pactado sigue siendo inconstitucional. El acuerdo nos deja un Estatuto que sigue instalado en la insolidaridad, la bilateralidad y el blindaje de competencias. Quién lo ha dicho con toda claridad es Artur Mas: “este es un punto y seguido. El acuerdo no pone fin a las reclamaciones de Cataluña”. Este Estatuto pone el contador a cero de la reivindicación nacionalista.

Lo que el acuerdo oculta es que el Estatuto equipara “nacionalidad” y “nación”, que se establece una relación de tu a tu entre la Generalitat y el Gobierno de España, que se abre la puerta a la creación de una agencia tributaria y se sientan las bases para la insolidaridad. Sin duda, los que creen que Cataluña es una nación hoy están más cerca de lograrlo y eso se nota en sus caras. Los que creemos lo contrario estamos más preocupados que nunca. Mientras Rubalcaba intenta convencernos “como sea” que el hecho que aparezca el término “nación” en el preámbulo no tiene valor jurídico, el propio Maragall señala que “Cataluña es una nación y eso tiene el mismo efecto en una parte u otra del Estatuto”.

La cesión de un 50% del IRPF, del 50% del IVA y del 58% de los Impuestos especiales supone 3.620 millones de euros adicionales para Cataluña que van a dejar de recibir otras comunidades. ¿Cuánto devolverá Cataluña en concepto de solidaridad? De momento Artur Mas ha dicho que Cataluña mejorará en 2.760 millones de euros su financiación. ¿Quién los pondrá? ¿En qué lugares de España se dejará de invertir para que la Generalitat reciba 3.000 millones de euros adicionales en infraestructuras.

Zapatero debería de dejar de esconderse de los españoles y comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar el alcance del acuerdo y conocer, de verdad, a qué precio está vendiendo España.

Son muchos los jóvenes independentistas que llevan ya algunos años intentando convertirse en héroes por manifestarse de forma violenta contra el PP, contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, contra la policía local de Sabadell o contra los Mossos d’Esquadra en Berga. También se atreven a encadenarse frente a la COPE y amenazar de muerte a los intelectuales que, como Albert Boadella, Francesc de Carreras o los miembros de la Asociación por la Tolerancia, se atreven a denunciar los intentos de imponer, desde el poder político y mediático, el pensamiento único en Cataluña.

Estos son sólo algunos desgraciados ejemplos que ponen de manifiesto la falta de cultura democrática y de capacidad de diálogo que aún existe en algunos sectores de la sociedad catalana. Son, afortunadamente, una minoría de individuos que tienen la absurda e indignante pretensión de convertirse en los abanderados y defensores de unas libertades y derechos que ni ellos mismos son capaces de respetar. Alguien debería explicarles —si acaso alguna vez son capaces de escuchar los razonamientos ajenos a sus consignas y abucheos— que no tienen derecho a manifestarse de forma violenta contra aquellos que, de forma pacífica y democrática, se reúnen para diseñar en común un proyecto político para Cataluña o contra aquellos que tienen asignada constitucionalmente la función de garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos.

Es legítimo en democracia manifestarse públicamente para reivindicar cambios en la orientación política de los Gobiernos. Lo que no parece razonable es que no se utilicen los mecanismos de los que la sociedad se ha dotado para hacerlo. Por ello, a los miembros del Partido Popular nos asiste el derecho constitucional de poder pronunciar con normalidad democrática una conferencia en Girona, participar en un acto sobre políticas de igualdad en Cornellà o presentar, sin coacciones ni amenazas, una candidatura municipal en Ripoll. De igual modo, no podemos tolerar que alguien pueda decir que la simple presencia de los agentes de la autoridad en un concierto en Berga supone una provocación o que una emisora de radio miente simplemente porque no dice lo que queremos escuchar. Aquellos que tratan de impedir el ejercicio normal de la democracia mediante la violencia, el insulto y la coacción sólo pueden ser considerados como enemigos de la democracia. Y es contra ellos contra los que los demócratas debemos unirnos. Aquellos partidos que desde la oposición o desde el gobierno consideran una provocación que Rajoy visite Cataluña deberían reflexionar profundamente sobre lo que viene sucediendo en Cataluña en los últimos años.

Cataluña ha registrado más de trescientos ataques con explosivos en los últimos diez años. Entidades bancarias, empresas, partidos políticos, edificios oficiales y empresas de trabajo temporal son algunos de los objetivos elegidos por quienes actúan de igual modo que los que protagonizan la kale borroka en el País Vasco. En Cataluña es políticamente incorrecto decir que la situación empieza a asemejarse a la que se vive en las calles del País Vasco, pero debería ser motivo de preocupación para los partidos que alientan o que callan ante este tipo de acciones radicales, que en la Cataluña del siglo XXI, en el contexto de una sociedad plural, tolerante y abierta, existan grupos radicales que, bajo el pretexto de una pretendida reivindicación nacional, puedan atentar y limitar la normalidad democrática que tanto nos ha costado alcanzar.