Siempre es una buena noticia que la sociedad denominada “civil” se movilice, sobre todo en Cataluña. Por eso hay que aplaudir, en un momento en el que la izquierda catalana ha abrazado la causa del nacionalismo, que un grupo de intelectuales autodenominados “de izquierda” se arremanguen y abandonen las tribunas periodísticas, las cátedras y los teatros para hacer política en la calle y en las instituciones.
Hoy he tenido la oportunidad de oír la entrevista que Federico Jiménez Losantos le ha hecho a Arcadi Espada en “La Mañana” de la COPE. Espada ha sido muy claro al señalar que hay que “expulsar a los nacionalistas del espacio público”, aunque me ha preocupado mucho la tibieza que ha tenido al comentar e interpretar lo que pretende el nuevo Estatuto y el tema de la lengua y el bilingüismo.
Arcadi Espada y algunos de los intelectuales que le acompañan en “Ciudadanos de Cataluña” siguen teniendo síndrome de Estocolmo. No entienden que criticar al PP porqué recoge firmas para que Zapatero pregunte al conjunto de los españoles sobre su futuro, es avalar el discurso de los nacionalistas catalanes. El tripartito y CiU insisten en que el debate sobre el nuevo Estatuto es un debate que sólo compete a los catalanes. Argumentan que el Parlamento catalán es “soberano” para decidir sobre su futuro y que nadie que no sea catalán tiene derecho a opinar sobre el mismo. Por eso considero tan grave que “Ciudadanos de Catalunya” critique que el PP pretenda dar voz al conjunto de la Nación española en un debate que nos afecta a todos. El nuevo Estatuto cambia las reglas de juego de España y todos los españoles debemos tener derecho a pronunciarnos.
Otro aspecto preocupante de las palabras de Espada ha sido sobre la lengua. Arcadi Espada ha dicho que “Ciudadanos de Cataluña” no pretenden cambiar la ley de política lingüística sino que lo que les gustaría es que la Generalitat la cumpliera. Coincido con Espada en el hecho que los padres deben poder elegir la lengua en la que quieran escolarizar a sus hijos pero resulta sorprendente que defienda la vigencia de una ley que establece cuotas y sanciones para quienes, en el mundo del comercio y la restauración, deciden libremente utilizar la lengua castellana.