Por su interés, reproduzco información de M. Pardeiro y J. Planes publicado hoy en el diario LA RAZÓN

Barcelona- La maquinaria inspectora y sancionadora de la Generalitat está perfectamente engrasada. En menos de un año, la Administración autonómica ha duplicado las multas a empresas y establecimientos por no rotular en catalán. Si en 2004 el Govern multó a 28 comercios, durante 2005 sancionó a un mínimo de 62. Sin embargo, esta cifra podría aumentarse, ya que no incluye la actividad del departamento de Comercio, Consumo y Turismo durante el pasado mes de diciembre. Estos datos fueron facilitados por el propio consejero de Comercio, Josep Huguet, tras una pregunta parlamentaria del diputado del PP catalán Daniel Sirera a la que tuvo acceso este diario. Huguet destacó que las 62 empresas castigadas sólo representan el 0,01 por ciento de los más de 350.000 establecimientos y eludió poner de manifiesto la progresión geométrica de las sanciones de la Generalitat aplicadas por la Agencia Catalana del Consumo (ACC). Denunciados. La fusta de la Generalitat ha afectado a los sectores más diversos, desde comercios minoristas a grandes superficies, pasando por el negocio de las telecomunicaciones y los servicios de correos. Todos ellos han sido víctimas de la Ley de Política Lingüística (1998) que el tripartito se ha encargado de aplicar después de que su capítulo inspeccionador fuera ignorado por los gobiernos de CiU. La ACC tiene previsto ofrecer más detalles a principios del mes de abril. Será entonces cuando se conozca el importe que ha recaudado la Generalitat mediante las, de momento, 62 sanciones, ya que se publicará el balance anual. Entretanto, el PPC ha presentado más preguntas parlamentarias, interesándose por la ubicación geográfica de los multados y por la cantidad de dinero que la Administración ha exigido. En 2004 el valor total alcanzó los 52.800 euros. Visto el ahínco de la Generalitat en acelerar la aplicación de la Ley de Política Lingüística, los comercios catalanes deberán medir los riesgos que comporta no rotular en catalán y no disponer de documentación y hojas informativas en la lengua vernácula. El PP ha criticado reiteradamente esta iniciativa del Gobierno catalán porque en el resto de comunidades autónomas no existen multas para los que abren un establecimiento y lo rotulan, por ejemplo, en danés. «Se vulneran las libertades», denuncian los populares. Desde el departamento se avisó a principios del año pasado que hasta ese momento «casi no se había aplicado la ley». Incluso se quejaron de que CiU no había realizado ninguna inspección a comercios por la rotulación en catalán. De esta manera, durante el año 2003 se realizaron 348 inspecciones, que en 2004 pasaron a ser 1.401, un incremento del 400 por ciento. Todas estas operaciones derivaron en 156 expedientes sancionadores, con 28 multas por un valor total de 52.800 euros. En 2003 sólo se habían realizado 3 multas. El consejero Huguet detalló que de todas estas inspecciones, 1.102 fueron por iniciativa propia de la Consejería y las 299 restantes fueron debidas a consumidores u organizaciones defensoras del catalán. «Los consumidores van tomando conciencia de la situación», comentó Huguet. Del total de denuncias por no usar el idioma catalán, el 27 por ciento procedió del comercio minorista, el 23 por ciento de correos y telecomunicaciones, el 15 por ciento de hostelería y turismo y el 9 por ciento de supermercados y grandes superficies. Por lo tanto, 2003 y 2004 fueron realmente los primeros años en los que la Generalitat comenzó a aplicar a rajatabla una ley que se había aprobado en 1998 pero que sin embargo no entró en vigor hasta dos años más tarde. «Seguiremos acelerando la aplicación de la Ley de Política Lingüística», es un comentario que ha salido más de una vez de la boca del consejero Huguet.