Hoy hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que Maragall y Mas han pactado la campaña a favor del voto en el referéndum del nuevo Estatuto de Cataluña. Poco ha trascendido de este pacto entre PSC y CiU aunque Maragall haya dicho en múltiples ocasiones que la campaña institucional del Govern debe destacar “los avances” que el nuevo texto supone respecto al vigente de 1978.

La Generalitat ya ha anunciado que la campaña del referéndum tendrá un presupuesto inicial de 400.000 euros para llegar a los 1,5 millones de euros después de contratar los espacios en los medios de comunicación. Además, la Generalitat tiene previsto llevar a cabo otra campaña sobre los contenidos del nuevo Estatuto por un valor inicial de 240.000 euros.

Esta semana se reúne el CAC para evaluar esta campaña. Con independencia de lo que decida el CAC y al margen de cualquier pacto al que hayan podido llegar Maragall y Mas, la ley es la ley. Y también ellos deben cumplirla.

El artículo 109 de la ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña establece que “las administraciones de Cataluña, durante los períodos electorales, únicamente pueden hacer campañas de carácter institucional destinadas a informar a los ciudadanos sobre la fecha en que han de tener lugar las elecciones o el referéndum, el procedimiento para votar y los requisitos y los trámites del voto por correo. Estas campañas en ningún caso pueden sugerir, directa o indirectamente, opciones de voto”.

La ley no puede ser más clara. Maragall y Mas se juegan mucho en el referéndum pero no pueden ni deben actuar al margen de la ley. Nosotros vamos a recordárselo para que no malversen recursos públicos de los catalanes en campañas ilegales que, en todo caso, deberían pagar sus respectivos partidos y no el Gobierno de Cataluña.

En los últimos cuatro meses el Gobierno de España ha enviado a la Península un total de 3.600 inmigrantes subsaharianos llegados a Canarias de manera ilegal. El Ministerio del Interior los coloca en aviones con destino a Barcelona, Madrid y Valencia. Al aeropuerto de El Prat llegan cada día un promedio de dos aviones con 20 ó 25 inmigrantes que, después de ser aseados y alimentados en el centro de acogida de la Zona Franca, son puestos en libertad sin ningún tipo de documento.

El Gobierno de España ha trasladado el problema que le supone la masificación de los centros de internamiento de Canarias a las plazas y calles de nuestras ciudades y pueblos. El Gobierno de España es consciente que estos 3.600 inmigrantes deben subsistir robando o siendo explotados laboralmente. En lugar de repatriarlos, los distribuye territorialmente por España, universalizando un problema que no saben resolver.

Y mientras esto ocurre, el Gobierno tripartito calla y asiente. Tiene demasiados conflictos internos como para preocuparse de un problema que puede desembocar en un conflicto social de primer orden. Nuestra capacidad de acogida no es ilimitada y el Gobierno de la Generalitat debería plantear una oposición frontal a esta práctica del “gobierno amigo” de Zapatero.

La amenaza epistolar del, hasta ahora, secretario general del Departamento del consejero primero y secretario de organización y finanzas de ERC a trabajadores del Gobierno de la Generalidad para que hicieran aportaciones al partido bajo amenaza de engrosar las listas del paro, ha puesto al descubierto el talante y la baja altura moral de quienes hoy gobiernan en Cataluña. Se trata de un auténtico escándalo impropio de democracias occidentales. El nombramiento de Xavier Vendrell al frente del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalidad supone una burla intolerable a los ciudadanos de Cataluña y una amenaza para los trabajadores al servicio de la administración pública catalana. La decisión de blindar a Vendrell ante los tribunales de justicia, haciéndolo miembro del Consejo Ejecutivo y dotándolo de la misma inmunidad de la que goza el mismo presidente de la Generalitat, convierte a Pasqual Maragall en cómplice y colaborador necesario de las prácticas antidemocráticas e ilegales practicadas desde el gobierno catalán para llenar las arcas de Esquerra.

El propio Montilla señalaba, hace unos días, que este escándalo afectaba a ERC y no al gobierno de Cataluña. Pues bien, Maragall ha incorporado al presunto extorsionador al gobierno y con ello, ha convertido al ejecutivo catalán en responsable solidario de las prácticas mafiosas de los responsables de Esquerra. Además, la persona que en estos momentos está siendo investigada por estos hechos por parte de la fiscalía, por las agencias catalana y española de protección de datos y por el defensor del pueblo catalán ha sido nombrada, precisamente, consejero de Gobernación y Administraciones Públicas del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. El encargado de llevar a cabo la investigación interna de este escándalo es, precisamente, el que lo ha generado.

Cuando, hace algo más de un año, cayó el túnel del metro bajo el barrio barcelonés del Carmelo, Maragall trató de desviar la atención y la presión sobre el tripartito acusando a los anteriores gobiernos de CiU de exigir a los constructores comisiones del 3% a cambio de adjudicarles obras públicas. El escándalo fue mayúsculo y se creó una comisión de investigación que acabó, como consecuencia de un pacto entre PSC y CiU, concluyendo que no había nada que investigar. No existe ninguna diferencia entre exigirle a un constructor que pague el 3% de comisión a cambio de adjudicarle una obra pública y exigirle a un trabajador al servicio de la Generalitat que pague un 20% de su sueldo a ERC para poder mantener su puesto de trabajo. Maragall ha cometido una indignidad al colocar a Vendrell en el gobierno de Cataluña. Y mientras tanto, CiU se resiste a apoyar al PP para investigar el caso. Parece ser que el pacto entre Mas y Zapatero para sacar adelante el proyecto de Estatuto ha acabado por convertir al denominado "oasis catalán" en un gran "desierto ético".

El Gobierno tripartito acaba de remitir al Parlamento catalán el proyecto de ley del Memorial Democrático. Este hecho coincide en el tiempo con el anuncio del Consejero de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, de “colgar” en la web de la Generalitat los 130.000 consejos de guerra que se celebraron en Cataluña durante el franquismo y cientos de cartas de republicanos exiliados. Sin duda la iniciativa de Saura es una noticia relevante para todos aquellos que investigan este periodo tan oscuro de nuestra historia, sus orígenes y sus consecuencias. Ahora bien, el Memorial Democrático impulsado desde el Gobierno tripartito va a nacer traicionando a la historia y a los principios democráticos de nuestra constitución. Según señala la exposición de motivos de esta ley “en Cataluña y en España —como si fueran cosas distintas— el sistema democrático actual tiene su origen y se ha construido en el antifranquismo”. Una de las virtudes de la Constitución española de 1978 y de la transición fue la superación de las dos “españas”. No se quiso, premeditadamente, mirar al pasado ni sacar cuentas. Los españoles, todos, quisimos construir juntos el futuro. Y no podemos decir, veintiséis años después, que las cosas no nos hayan ido razonablemente bien. Por eso resulta tan extemporáneo e injusto para quienes construyeron nuestra democracia, después de cuarenta años de dictadura, que la ley impulsada por el tripartito señale que “uno de los déficits de la transición a la democracia fue la institucionalización de la desmemoria”.

La ley que Saura ha enviado al Parlamento establece que el Memorial Democrático tiene por objeto “desplegar las políticas públicas del Gobierno dirigidas a la acción cívica de recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática, es decir, del conocimiento de la segunda república, de la Generalitat republicana, de la guerra civil, de la represión de la dictadura, del exilio y de la deportación, de los valores y de las acciones del antifranquismo y, por tanto, de todas las tradiciones de la cultura democrática, con la finalidad prioritaria de estimular la comprensión del tiempo presente”. Sin duda, una iniciativa muy loable si no fuera porque olvida, de manera sectaria y consciente, los asesinatos y las barbaridades cometidas también por el bando republicano. El Memorial Democrático del tripartito no incluye a los 2.039 religiosos asesinados por la represión republicana en Cataluña. El Consejero Saura también ha olvidado en su ley del Memorial Democrático los nombres de las iglesias quemadas por los republicanos el 19 de julio de 1936 (sólo en Barcelona, Santa Maria del Mar, San José y Santa Mónica, San Agustín, San José Oriol, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Bonanova, Cristo Rey, San Juan y Santa Teresa de Horta, Santa Madrona, Nuestra Señora de Lourdes, San Andrés de Palomar, Nuestra Señora de los Desamparados, Nuestra Señora de la Milagrosa, Sagrado Corazón de Jesús, Santa Maria de Pueblo Nuevo, San Ramón Nonato, San Ángel Custodio y Nuestra Señora de Belén).

Tampoco recogerá el Memorial Democrático las declaraciones del máximo responsable del Partido Obrero de Unificación Marxista que aseguró, en declaraciones recogidas por La Vanguardia que “la clase obrera ha resuelto el problema de la iglesia, sencillamente, no dejando ni una de pie”. El memorial Democrático del tripartito tampoco subvencionará ni catalogará las múltiples “checas” de Barcelona que sirvieron para torturar y asesinar a todos aquellos que no pensaban como las “milicias ciudadanas” nacidas con el objetivo de “aniquilar en toda Cataluña los últimos núcleos fascistas existentes” según el decreto de 23 de julio de 1936 firmado por el presidente Lluís Companys. No estoy de acuerdo en reabrir viejas heridas que quedaron cicatrizadas con la llegada de la democracia, pero si se pretende abrirlas, abrámoslas en canal. Aprovechemos el Memorial Democrático para estudiar y denunciar las barbaridades del franquismo pero también las cometidas por los republicanos.

El Gobierno tripartito ha abierto un total de 1.278 expedientes sancionadores a pequeños y medianos comercios, empresas de servicios y grandes superficies por no disponer de rótulos en catalán. En el primer año de tripartito, el Govern abrió expediente sancionador a 246 establecimientos y multó a 22 comercios. En el segundo abrió expediente a 724 establecimientos y sancionó a 119. En lo que llevamos de año, ya son 42. Por utilizar la lengua castellana en Cataluña, por ahora aún oficial en esta Comunidad, la Generalitat recaudó 168.000 euros en concepto de multas lingüísticas. “No existe un problema lingüístico en Cataluña” repiten como cotorras, Maragall, Zapatero y sus acólitos.

El tripartito ha convertido a la Generalitat en un gran hermano lingüístico. Estudia, inspecciona y sanciona a quienes no utilizan el catalán. Nominan a quienes ejercen su libertad para utilizar la lengua común de todos los españoles y expulsa de la tribu, previo pago de la multa, a quienes no ceden al chantaje. Maragall ha gastado en los dos últimos años más de 3,5 millones de euros (alrededor de 600 millones de pesetas) en estudios e informes sobre la utilización del catalán en diferentes ámbitos. Más de 20.000 euros en conocer las costumbres idiomáticas de los andorranos y 24.593 euros pagados a un miembro de la ejecutiva de ERC en las islas Baleares para conocer el nivel de uso del catalán en el archipiélago. Los clubes deportivos y las pequeñas y medianas empresas tampoco se salvan del control del ejecutivo y de sus comisarios lingüísticos. Estudios por valor de 58.000 euros han servido al gobierno para conocer dónde se utiliza y dónde no el catalán. También los supermercados y restaurantes han sufrido la visita de los inspectores lingüísticos del tripartito que ha gastado 58.000 euros en un estudio sobre las costumbres lingüísticas de estos establecimientos. En el año 2005, el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo que dirige el republicano Huguet (el mismo que dijo que si no se aprobaba el Estatuto tendríamos una Guerra Civil) invirtió más de 21.000 euros para conocer "el comportamiento del mercado español frente a la introducción de la lengua catalana en el etiquetado" y "la lengua en el etiquetado de las marcas de agua".

Los nacionalistas (incluidos los socialistas) llaman radical a Rajoy cuando dice, en relación a la lengua, que en Cataluña pasa hoy lo mismo que pasaba con el franquismo pero al revés y callan ante la aparición de informes que demuestran la obsesión del tripartito por conocer las preferencias lingüísticas de los ciudadanos o aplauden que se sancione a quién decide poner en castellano el nombre de su tienda.