Hoy hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que Maragall y Mas han pactado la campaña a favor del voto en el referéndum del nuevo Estatuto de Cataluña. Poco ha trascendido de este pacto entre PSC y CiU aunque Maragall haya dicho en múltiples ocasiones que la campaña institucional del Govern debe destacar “los avances” que el nuevo texto supone respecto al vigente de 1978.
La Generalitat ya ha anunciado que la campaña del referéndum tendrá un presupuesto inicial de 400.000 euros para llegar a los 1,5 millones de euros después de contratar los espacios en los medios de comunicación. Además, la Generalitat tiene previsto llevar a cabo otra campaña sobre los contenidos del nuevo Estatuto por un valor inicial de 240.000 euros.
Esta semana se reúne el CAC para evaluar esta campaña. Con independencia de lo que decida el CAC y al margen de cualquier pacto al que hayan podido llegar Maragall y Mas, la ley es la ley. Y también ellos deben cumplirla.
El artículo 109 de la ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña establece que “las administraciones de Cataluña, durante los períodos electorales, únicamente pueden hacer campañas de carácter institucional destinadas a informar a los ciudadanos sobre la fecha en que han de tener lugar las elecciones o el referéndum, el procedimiento para votar y los requisitos y los trámites del voto por correo. Estas campañas en ningún caso pueden sugerir, directa o indirectamente, opciones de voto”.
La ley no puede ser más clara. Maragall y Mas se juegan mucho en el referéndum pero no pueden ni deben actuar al margen de la ley. Nosotros vamos a recordárselo para que no malversen recursos públicos de los catalanes en campañas ilegales que, en todo caso, deberían pagar sus respectivos partidos y no el Gobierno de Cataluña.