La candidata socialista a la presidencia de Francia acaba de presentar un programa de contenido social basado en las consideraciones que los ciudadanos le han hecho llegar a través de los llamados foros participativos. Sin duda, uno de los principales problemas de la mayoría de partidos políticos tradicionales es el creciente divorcio entre lo que preocupa a sus clases dirigentes y las necesidades reales de los ciudadanos. Sólo así puede explicarse la baja participación en el referéndum del estatuto de Cataluña o Andalucía. Tal y como ha venido denunciando el Partido Popular, estas reformas eran una necesidad para los partidos que las impulsaban pero no para los ciudadanos. Por eso es tan importante si queremos mantener o recuperar la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, en las instituciones y en nuestro sistema democrático, que les ofrezcamos la posibilidad de que, entre elección y elección, puedan pedir cuentas a sus representantes políticos. La auténtica democracia participativa debe ofrecer a los individuos la posibilidad de hacer oír su voz para que sus aspiraciones y anhelos puedan verse atendidas por los cauces tradicionales de la democracia representativa sin tener que esperar cuatro años.

Hace años que el Partido Popular se ha dado cuenta de la importancia de establecer mecanismos prácticos y efectivos de participación pública. Así, la implicación política no puede limitarse a que los ciudadanos asistan, como simples espectadores, a las decisiones que unilateralmente toman las diferentes mayorías en ayuntamientos y parlamentos. Debemos escuchar a los ciudadanos en la formulación de sus problemas y buscar junto a ellos las respuestas para poder resolverlos. Por eso, los Foros en Internet del Partido Popular son la materialización de dos de los objetivos de la acción política que cualquier partido político democrático debe tener como prioridad: la participación ciudadana y el diálogo político. El aprovechamiento de las posibilidades de las nuevas tecnologías debe tener consecuencias importantes sobre la forma como funciona nuestra democracia. Estos cambios han traído nuevas y más directas formas de relación entre los ciudadanos y la política y, por ello, los Foros en Internet del Partido Popular -que funcionan desde hace más de ocho años-, son un instrumento donde los internautas, con independencia de su edad, sexo, religión, ideología o lugar de residencia pueden debatir y aportar sus propuestas, participando junto a otros ciudadanos y representantes políticos en el conocimiento, análisis y aplicación de las mejores soluciones a los problemas reales.

No sólo pretendemos fomentar el debate entre los ciudadanos sino vincularnos con él en un intento de permanente acercamiento de los partidos políticos a la sociedad. El Partido Popular ha sido pionero en toda Europa con este innovador, atractivo y arriesgado pero necesario proyecto, al utilizar el vuelco automático de la información, sin filtros previos ni censuras y donde tienen cabida todos los posicionamientos políticos. El Foro del PP cuenta con una media de 1500 intervenciones diarias y más de 5.000 visitas también diarias. El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, presenta hoy el programa marco para las próximas elecciones municipales y autonómicas. En él se recogen buena parte de las más de 130.000 sugerencias que nos han hecho llegar los internautas en temas como la inmigración, la lucha contra la corrupción, la relación de los políticos con los ciudadanos, el modelo de Estado, la seguridad ciudadana, la política antiterrorista o las políticas sociales y de familia, así como todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y el medio ambiente. Vamos a seguir ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad que participen en la resolución de sus problemas abriendo nuevos foros con los principales temas de nuestra oferta electoral en el portal www.agendaparaelfuturo.es. Hoy, más de ocho años después, el Partido Popular sigue siendo el único partido político que ha apostado de verdad por la e-Democracia, manteniendo un foro permanente de debate en Internet con este tipo de funcionamiento en toda Europa.

La intención del Gobierno de Cataluña de negociar con el COI el reconocimiento internacional del deporte catalán es, sencillamente, un desproposito. Es el propio Montilla el que fomenta el independentismo deportivo de Cataluña, permitiendo que su Consejero de la Vicepresidencia intente conseguir en el terreno deportivo lo que todavia no ha logrado en el ámbito de la política.

Además, la pretensión del Gobierno catalán traslada al COI una imagen de división y de enfrentamiento que perjudica al deporte español en su conjunto.

Montilla debe dar explicaciones sobre esta visita de Carod al COI.

Lo que está pasando en TV3 no tiene nombre. O sí. Ni siquiera en los tiempos más oscuros de los gobiernos de Pujol se había utilizado de manera tan antidemocrática y sectaria a la televisión pública catalana. En los últimos años de gobierno tripartito, la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) se ha convertido en la empresa de comunicación de España con mayores pérdidas económicas y, por primera vez en su historia, ha cedido el liderazgo de las audiencias a Antena 3 TV y Tele 5. Además, la voluntad expresada por su director general de dirigirse "exclusivamente a los catalanes que hablan en catalán" excluye a los casi tres millones y medio de catalanes que tienen como lengua materna el castellano.

Montilla ha convertido definitivamente a TV3 en la televisión del régimen. La televisión catalana se ha convertido en una máquina de manipulación al servicio del poder político de turno. Todo vale para aniquilar al PP de la vida pública. Incluso un organismo como el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha amonestado a TV3 por "utilizar inadecuadamente" imágenes de Esperanza Aguirre intercaladas entre las imágenes de los afectados por el cierre de Air Madrid. Colocar imágenes de la presidenta de la CAM intercaladas entre otras en las que aparecía una persona llorando porque no podría ver a su familia en Navidad y otras de niños durmiendo en el suelo del aeropuerto es, simple y llanamente, una indignidad y una clara manipulación de la información.

Pero es que, además, los pocos espectadores que le quedan a TV3 no saben que quien ha confesado ser el asesino del alcalde del PP de Fago (Huesca) fue candidato del PSOE en la misma localidad. Para los espectadores de la televisión de Montilla, el asesino era, tan sólo, el guarda forestal del municipio. Los socialistas también utilizan la televisión pública catalana para intentar ganar elecciones en Baleares, donde se recibe perfectamente TV3 gracias a los repetidores pagados por la Generalidad de Cataluña. No hay día en el que los informativos no recuerden el presunto caso de corrupción de Andratx e incluso le ha dedicado un programa especial informativo en el que, por cierto, no se hizo ninguna referencia a los 27 alcaldes socialistas que hasta el momento han sido imputados por delitos urbanísticos en Andalucía.

Si Montilla siguiera los criterios del CAC, deberían cerrar TV3. Si la ley del audiovisual prohíbe expresamente mezclar información y opinión, el presentador del telenoticias noche del fin de semana aseguró textualmente y sin ningún tipo de rubor que, "como siempre en este tipo de manifestaciones (la convocada por el Foro Ermua contra el terrorismo y contra el diálogo con ETA el 3 de febrero en Madrid), la Comunidad de Madrid hincha las cifras de participación". ¿Pero de dónde han sacado a esta gente? ¿Por qué ni se plantean que la Delegación del Gobierno de España en Madrid deshincha los datos de participación? ¿Por qué no se limitan a informar de los datos que ofrecen la Comunidad y la Delegación sin más? ¿Informan u opinan? Sencillamente, desinforman y señalan a las administraciones gobernadas por el PP como manipuladoras, corruptas y culpables de todos los males del planeta. Todo vale para conseguir desacreditar al PP y expulsarlo de la pista de baile.

Pero es que además de manipular, la televisión de Montilla oculta información al Parlamento. A pesar de los 262 millones de euros de presupuesto público que acabaron en el año 2006 en la televisión de Montilla, el director general de la CCRTV, Joan Majó (ex ministro de Felipe González, para más datos), "considera inadecuado" que los diputados le pregunten lo que nos cuesta emitir por TV3 los grandes premios de Formula 1, los partidos de la Liga o los partidos del Barça. Entonces, ¿para qué queremos una comisión de control de la radio y televisión públicas en el Parlamento de Cataluña? Seguramente, Montilla y el director general de la CCRTV se preguntan por qué existe un Parlamento que tiene la manía de querer controlar la acción del gobierno y de las entidades y organismos que reciben recursos públicos. Es lo que tiene no creer en la democracia, no creer en el control al gobierno, pensar que el dinero que los ciudadanos depositan en sus bolsillos es suyo y no de todos. Quizá por eso, el director general de la CCRTV ve normal enviar durante tres días a 74 personas a la final de la Champions de París para realizar el seguimiento de un partido que, curiosamente, TV3 no retransmitía.

No es la primera vez que TV3 oculta información. En la anterior legislatura, el mismo director general negó información al Parlament sobre lo que había cobrado la televisión pública por retransmitir el anuncio "Una Nación, una Selección" de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas. Después de solicitar el amparo del presidente del Parlament, pudimos acceder a la información para descubrir que TV3 había dejado de ingresar 178.000 euros al tratar a esta Plataforma como si fuera una ONG.

Ahora, el director general de la CCRTV, molesto porque el PP quiere controlar su gestión financiera, ha decidido castigarnos silenciando nuestra voz en los informativos de TV3. Corren malos tiempos para la libertad en Cataluña.

El Consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalidad de Cataluña, Joan Saura, criticó ayer al PP por ser "la excepción" que no "no se apunta a las tesis democráticas" tras el tiempo de la dictadura en que se intentó crear "un gran silencio y reescribir la historia"."Creo que en este momento tenemos una obligación todos los demócratas, esto no es una cuestión de izquierdas y derechas", reclamó. Saura avanzó que en verano estará listo un proyecto de "memorial" para reconocer y rehabilitar política y jurídicamente a los fusilados en Cataluña entre 1939 y 1952, que consideró como "héroes", así como explicar "sin revanchismo y sin visiones sesgadas que la democracia no es producto de la casualidad".

El “Memorial” de Saura olvida de manera sectaria y consciente los asesinatos y las barbaridades cometidas también por el bando republicano. Parece ser que las “tesis democráticas” de Saura le hacen olvidar los 2.039 religiosos asesinados por la represión republicana en Cataluña. ¿Qué pasa con ellos “camarada” Saura? ¿Qué pasa con las iglesias que los republicanos quemaron el 19 de julio de 1936? (sólo en Barcelona: Santa Maria del Mar, San José y Santa Mónica, San Agustín, San José Oriol, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Bonanova, Cristo Rey, San Juan y Santa Teresa de Horta, Santa Madrona, Nuestra Señora de Lourdes, San Andrés de Palomar, Nuestra Señora de los Desamparados, Nuestra Señora de la Milagrosa, Sagrado Corazón de Jesús, Santa Maria de Pueblo Nuevo, San Ramón Nonato, San Ángel Custodio y Nuestra Señora de Belén).

¿No merecen también los que murieron por el simple hecho de creer en Dios ser reconocidos como héroes, “camarada” Saura? En su día el máximo responsable del Partido Obrero de Unificación Marxista aseguró que “la clase obrera ha resuelto el problema de la iglesia, sencillamente, no dejando ni una de pie”. Rehabilitemos política y jurídicamente a los fusilados en Cataluña entre 1936 y 1952 pero no olvidemos, “camarada” Saura a los que fueron torturados y asesinados en las checas de Barcelona a manos de los republicanos.

Vilaweb ha iniciado la campaña “Kelme me ha perdido como cliente" como medida de protesta contra la decisión de la empresa alicantina de rescindir unilateralmente su contrato de patrocinio con el jugador del Barcelona, Oleguer Presas. Esta acción consiste en el envío de correos electrónicos a Kelme con el texto: "Creo que han atentado contra la libertad de expresión. Han perdido un cliente". El diario digital justifica así esta iniciativa: "no discutimos el derecho de Kelme de decidir sobre este tema. Pero como consumidores también tenemos derecho de decidir. Por esto queremos hacer saber a Kelme que jamás compraremos sus productos".
Unos segundos antes de colgar este artículo ya habían más de 17.600 ciudadanos adheridos a esta iniciativa, entre ellos el “Pato Donald” y Spiderman”. Además de Vilaweb, el Consejero de la Vicepresidencia del Gobierno de Cataluña, Ezquerra y el partido de Saura ya han calificado de catalanafobia el hecho que Kelme haya decidido rescindir el contrato con este futbolista. Ayer, mientras observaba perplejo toda la polémica provocada por una decisión empresarial absolutamente legítima, recordé que hacía pocos días, concretamente el 16 de enero de 2007, el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya publicaba la relación de subvenciones concedidas a emisoras de radio y televisión y a empresas periodísticas de prensa digital en catalán o aranés en el tercer trimestre del año 2006. Repasando el DOGC recordé que Vilaweb había recibido una subvención de 144.248 euros del Departamento de la Presidencia del Gobierno de Cataluña. Ahora vemos a qué tipo de cosas dedica nuestro dinero el Gobierno tripartito. ¡Un asco!

El debate sobre las drogas ha vuelto a reactivarse en España después de la última ocurrencia del consejero de interior del Gobierno de la Generalidad de Cataluña que ha propuesto su legalización para acabar con el narcotráfico. Una de las principales funciones de los poderes públicos debe ser trabajar para proteger la salud de los ciudadanos. Por ese motivo, cualquier gobierno responsable debe buscar permanentemente formulas para evitar el impacto de la toxicidad de estas sustancias en la población. Incluso con las drogas legales, la administración pública establece mecanismos para restringir y limitar su uso, como pasa en España con el tabaco. La legalización de las drogas las haría más accesibles y una mayor disponibilidad de estas provocaría un aumento del consumo. Además, excepto Saura, nadie duda hoy que los traficantes no respetarían la prohibición de vender drogas a menores, con lo cual siempre existiría un mercado ilegal. Los abolicionistas miran a Holanda como referente de la no prohibición del consumo de drogas. Desconocen o no quieren saber que en Holanda se han limitado las cantidades que pueden comprarse en los coffee-shop y se están poniendo nuevas trabas a la apertura de estos establecimientos. A pesar de ello no han conseguido reducir el consumo de cannabis que es similar al del resto de países europeos ni han logrado frenar el consumo de otras sustancias como la cocaína o las drogas de diseño.

Resulta sorprendente que quienes apuestan por la legalización como instrumento para acabar con el narcotráfico no se hayan parado a pensar lo que está ocurriendo con las drogas que ya son legales en nuestro país. En España, el tabaco es una droga legal y, a pesar de ello, cada año se cogen miles de cajetillas de tabaco de contrabando que intentan entrar en España de manera fraudulenta. A pesar de que el tabaco es una droga totalmente legal y absolutamente accesible, siguen habiendo mafias que trafican con él. También el alcohol es legal y a pesar de ello, algunos desaprensivos siguen adulterando el alcohol y lo venden a menores.

Además, los que plantean que en España las drogas deberían ser legales tendrían que ser conscientes que su legalización no puede ser una decisión unilateral de un país y mucho menos, de una Comunidad Autónoma por mucho que lo diga el tripartito. Para empezar a plantearse en serio una decisión de este tipo debería haber un acuerdo internacional que hoy no existe. Ni la Organización Mundial de la Salud ni la comunidad internacional creen que deban legalizarse las drogas. Tampoco resulta válido, desde mi punto de vista, el criterio que intenta contentar a todos, el que distingue entre las llamadas drogas duras y blandas. Las drogas son drogas y distinguirlas, dulcificando los efectos de algunas, no hace más que incentivar su consumo. El discurso de las drogas blandas las hace más atractivas y, por tanto, los jóvenes no las perciben de manera perjudicial y acaban convirtiéndose en la puerta de entrada a otro tipo de drogas, igual de perjudiciales.

A pesar de que en España no es un delito el consumo particular de drogas, debemos formar a los jóvenes en la cultura de la salud, con independencia de que las drogas sean legales o ilegales. Sería paradójico que mientras todos aceptamos que hay que endurecer las medidas contra el consumo de tabaco porqué supone un grave problema de salud, otros estuvieran fomentando el consumo o minimizando sus efectos.

El Gobierno tripartito de Cataluña gastó en sus primeros dos años de mandato más de 80 millones de euros en informes y estudios. Así lo denuncié a inicios del año 2005, después de seis largos meses de investigación parlamentaria. Entre los informes encargados a expertos para elaborar el anteproyecto de nuevo Estatuto encontré uno de 6.000 euros encargado al magistrado del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez Tremps.

Ahora, dos años después, el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido apartar a este magistrado de la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Los nacionalistas y el PSOE ya han criticado la decisión del Tribunal y han señalado que se trata de una decisión “partidista, injusta y desproporcionada”. Hoy desde la izquierda ya se habla de las mayorías conservadoras y plantea abiertamente la posibilidad de que Pérez Tremps dimita para “salvar” el Estatuto. Al PSOE y a los nacionalistas catalanes no les interesa la ley. Sólo quieren que este Estatuto salga adelante “como sea”.
La decisión del Tribunal Constitucional da la razón al PP que planteó la recusación en defensa de la ley y del Estado de Derecho.

Nadie en el Partido Popular ha puesto en entredicho la capacidad, profesionalidad y valía del magistrado Pérez Tremps para seguir formando parte del Tribunal Constitucional. Nadie en el PP le ha pedido que dimita. Son los socios de Zapatero los que están reclamando al Gobierno que le cese y lo sustituya de manera inmediata. Todo vale para conseguir sus objetivos políticos, incluso forzar la dimisión de un magistrado del Constitucional para colocar a otro que haga lo que le pida el Gobierno. No me parece serio.

El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que será recusado quién “haya emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado”. Más claro, agua. Pérez Tremps puede y debe seguir formando parte del Tribunal Constitucional para continuar trabajando, como el resto de magistrados, en todos aquellos asuntos sobre los que no haya emitido dictamen.

No me extraña que el consejero de Relaciones Institucionales y Participación, ahora también de Interior, el casi socialista Joan Saura, haya encargado un estudio sobre la abstención en Cataluña. No me extraña porque desde que Saura está al frente de un Departamento de Participación, la abstención en Cataluña se ha incrementado como nunca. Hasta la llegada de Saura, era una directora general, Nuria Ramón, quien hacía la tarea que ahora hace todo un departamento del Gobierno. Y la verdad es que no iba tan mal. Saura ha dedicado buena parte de su tiempo a fomentar la abstención. Él fue el responsable de impulsar y fomentar el referéndum sobre el Estatuto ─con intervención ilegal de Maragall en TV3 y en La 2 incluida─ y sobre él recayó el fracaso del resultado estatutario. Por ello ahora va en busca del abstencionista. Saura debe creer que los catalanes no le votamos porque no leemos los diarios o porque no vemos TV3 ni escuchamos Catalunya Ràdio. Debe de pensar que no lo votamos porque somos ignorantes o tenemos mal gusto. Cualquier día de estos nos presenta un plan de choque para fomentar la participación ciudadana. Tratándose de un consejero de izquierdas, seguro que se inventa una tasa que deberán pagar los ciudadanos que no voten. Es lamentable que Saura trate a los catalanes como menores de edad. La participación es buena para el sistema democrático pero sería bueno que Saura hiciera algo de autocrítica y pensara que quizás son los partidos políticos y no los ciudadanos quienes deberán ser estudiados. Nosotros lo hemos denunciado: cuando un gobierno dedica todo su tiempo a hablar de sus problemas y deja de lado los problemas de la gente, la gente acaba dando la espalda a quien gobierna. La abstención también es una opción en democracia. Pero a Saura no le gusta porque su estudio (que hemos pagado todos) ha detectado que la abstención es fundamentalmente de izquierdas. Corren malos tiempos para la libertad.