El presidente de Esquerra y consejero de la Vicepresidencia del Gobierno de la Generalidad, el independentista Carod Rovira, ha anunciado en una entrevista en un diario de ámbito catalán que no descarta tener ministros en el Gobierno de España. La verdad es que si no fuera porque no estamos a 28 de diciembre, creería que se trata de una broma, de una broma de mal gusto. Podría dedicar este artículo al (no) rigor intelectual de los consejeros de Esquerra, o a su (in) capacidad para gobernar, pero si Carod cree que puede tener ministros en España no es porque vea posibilidades de obtener mayoría en unas elecciones generales. Carod no podrá tener ministros en el Gobierno de España si Rajoy es el presidente del Gobierno. Por lo tanto, ya lo sabemos, sólo puede llegar a ser verosímil que Huguet, Puig o Tardà sean ministros de España si los nombra José Luís Rodríguez Zapatero. Lo más grave de todo es que nadie se ha echado las manos a la cabeza. Todo el mundo da por hecho que si Zapatero lo necesita, hará ministro a cualquier asalta piscinas de Esquerra. Ya lo saben, si quieren ministros de Esquerra, voten a Zapatero.

Más de 6.300.000 españoles vieron la pasada semana al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, en el programa de TVE, Tengo una pregunta para usted, Sr. Rajoy. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España entró en los comedores y cocinas de millones de españoles que confían o necesitan confiar en alguien que, como él, pueda ofrecerles un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Rajoy logró pulverizar todos los récords de audiencias en televisión. Ni fútbol, ni estrenos, ni nada. Política en estado puro. El candidato frente a los ciudadanos sin trampa ni cartón y, sobre todo, sin intermediarios. Y no defraudó.

Reconozco que había algo de morbo en este programa. Muchos esperaban ver a un Rajoy contra las cuerdas en la televisión pública socialista, acorralado por 100 preguntas seleccionadas para hacer creíble el argumentario del PSOE que sitúa al PP en la “derecha extrema”. Pero nadie se traga un programa de 136 minutos —12 más que el de Zapatero— por el simple hecho de ver a Rajoy en apuros. Hay ganas de alternativa, los españoles tenemos ganas de tener un presidente de Gobierno que tenga las cosas claras. Y Rajoy no evitó ninguna pregunta. Más allá de la anécdota del sueldo, que puede ser consultado en Internet, Rajoy estuvo a la altura de lo que debe exigírsele a un presidente de Gobierno.

Han sido muchos los ciudadanos con los que he comentado el programa de Rajoy. La mayoría se han sorprendido del carácter afable y de la convicción del presidente del Partido Popular. Muchos lo han descubierto este jueves en TVE. Sólo lo conocían por los comentarios que los medios de comunicación hacen sobre él y por los tópicos lanzados por socialistas y nacionalistas a través de sus terminales mediáticas. La inmensa mayoría de catalanes sólo le conoce por la imitación que se hace de él en el programa Polonia de TV3, en el que se le ridiculiza y aparece como un personaje obsesionado en acabar con Cataluña.

Rajoy es el principal activo del Partido Popular y su intervención televisiva del jueves le ha abierto la puerta de muchos futuros votantes y ha devuelto la esperanza a muchos ciudadanos que se sienten defraudados por la inconsistencia del actual presidente del Gobierno de España. Los españoles necesitan poner a Rajoy en sus vidas. Los socialistas lo tienen muy difícil para convencer a los más de seis millones de españoles que vieron el jueves a Rajoy que el líder del centroderecha español es, como dicen, “un radical y un facha”. Ahora sólo hace falta que el resto de españoles que no pudieron ver a Rajoy el pasado jueves, puedan hacerlo en los próximos meses.

Es bueno que los ciudadanos se involucren, cada día más, en la política. Por eso es necesario que personajes que son un referente en su ámbito profesional —periodistas, escritores, deportistas— den el paso y se decidan a defender unas ideas y unos principios en las instituciones representativas. Por eso me alegré que Jaume Matas hubiera conseguido fichar a la escritora Maria de la Pau Janer para las listas del PP en Baleares. Me alegré porqué creí que Janer había visto la luz y se había dado cuenta que el nacionalismo que había defendido siempre en sus intervenciones en TV3 ya no era bueno para Cataluña ni para Baleares, como no lo es en ninguna otra parte de Europa.

La creciente radicalidad de CiU y su voluntad de disputar el electorado más independentista de ERC me hicieron pensar que Maria de la Pau había decidido apostar por la moderación, la centralidad y el sentido común que representa el Partido Popular. El PP no es un partido nacionalista. Nuestra grandeza radica en que somos un único partido. Matas defiende en Baleares los mismos principios, ideas y programas que Josep Piqué en Cataluña, que Francisco Camps en la Comunidad Valenciana y que Esperanza Aguirre en Madrid. Bienvenidas sean todas las aportaciones y todas las incorporaciones a nuestro partido, pero que nadie se equivoque. Aquí no hay un PP bueno y un PP malo. Hay un PP que defiende la libertad de los ciudadanos con independencia de la Comunidad en la que resida.

Los socialistas catalanes han conseguido convertirse en la principal fuerza nacionalista del gobierno tripartito. Entre ellos y ERC ya sólo hay una pequeña diferencia de formas pero no de fondo. Con este escenario ya casi ni sorprende que el gobierno tripartito, con un consejero de educación socialista, haya decidido incumplir de nuevo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligan a preguntar por la lengua habitual de los alumnos en el momento de formalizar su preinscripción escolar.

Lo que no acabo de entender es el motivo por el que no ha actuado de oficio el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La fiscalía tiene como función esencial promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y en este caso se está vulnerando la legalidad, los derechos de padres y alumnos y el interés público. Así, la decisión del Departamento de Educación del gobierno de Montilla de no incluir en la hoja de preinscripción para la educación primaria del curso 2007-2008, la casilla mediante la cual los padres pueden elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos, vulnera la ley y varias sentencias del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los socialistas catalanes con Montilla a su cabeza vuelven a situarse fuera de la ley. Tenemos, por desgracia, un gobierno antisistema. Se niegan a apoyar resoluciones parlamentarias que piden que se acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional e incumplen reiteradamente las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Pero también incumplen la ley estrella de los nacionalistas: la ley de política lingüística de 1998 que establece en su artículo 21.2 que “los niños tienen derecho a recibir la educación infantil y el primer ciclo de la educación primaria en su lengua habitual”. El derecho del alumno y el de sus padres está por encima de las decisiones sectarias que pueda tomar el gobierno de Montilla. Por ese motivo es necesario que la actuación ilegal de la Generalidad no quede impune.

Según reconocen los responsables de la Generalidad de Cataluña, uno de los principales obstáculos para que los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policia se incorporen a los Mossos d'Esquadra es la prueba de catalán. Por ese motivo esta misma semana he presentado una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña para que el nivel de catalán requerido a los agentes procedentes de estos cuerpos pueda adquirirse durante los dos años siguientes a su incorporación.

Así, de ser aceptada la propuesta por el tripartito, los agentes se podrían incorporar al cuerpo de Mossos sin tener que superar la prueba de nivel, pero con el compromiso de participar y realizar durante dos años un curso formativo de lengua catalana que sería impartido y sufragado por el Instituto de Seguridad de Cataluña.

Desde el año 2004 poco más de un centenar de agentes han pasado de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los Mossos d'Esquadra, lo que supone la pérdida de una experiencia profesional muy valiosa y con un conocimiento muy preciso de las circunstancias del territorio donde han trabajado muchos años.