En los últimos días estamos asistiendo al recrudecimiento de la ofensiva que el Gobierno tripartito ha impulsado contra el Partido Popular tratando de acusar a sus dirigentes de actuar en contra de Cataluña. Resulta sorprendente que el Gobierno catalán utilice recursos públicos para elaborar y difundir informes partidistas y falsos sobre los motivos que llevan al PP a recurrir el Estatuto de Autonomía de Cataluña, acusándonos de no hacer lo propio con otros estatutos. Lo que el informe de la Generalidad oculta es que el Estatuto de Autonomía catalán describe a Cataluña como una nación, le reconoce derechos históricos, atribuye su soberanía en exclusiva al pueblo catalán, blinda sus competencias, atribuye al defensor del pueblo catalán un carácter exclusivo que no atribuye al defensor del pueblo español, permite la internacionalización del deporte catalán, establece un sistema de financiación al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, como hemos podido comprobar recientemente, permite la creación de una Agencia Tributaria para gestionar los recursos propios y los del Estado.

Los miembros del tripartito y sus terminales mediáticas insisten en acusar de incoherente al PP por recurrir el Estatuto catalán y no el andaluz. Si tan iguales son, ¿porqué no aplicamos en Cataluña el estatuto andaluz? No se trata, como repiten insistente desde el tripartito, si hay 30 palabras o diez frases iguales. El PP valora el Estatuto en su conjunto y la interpretación que se hace en su exposición de motivos. Muy desesperados deben estar los socialistas cuando han encargado al abogado del Estado que presente un escrito para que el Tribunal Constitucional dictamine sobre las intenciones del PP. Volvemos a oscuras etapas de nuestra historia predemocrática en las que no se juzgaba a las personas en función de sus hechos sino de sus ideas. El miedo a que el Constitucional declare inconstitucional el Estatuto de Autonomía de Cataluña lleva al presidente del Gobierno a pedirle al abogado del Estado a que haga el ridículo presentando un escrito que no tiene contenido jurídico sino político.

Así, Montilla, Carod, Saura y el abogado del Estado mienten impunemente mientras los catalanes vemos reducidos nuestros niveles de autogobierno por culpa de un Gobierno de España que da la espalda a Cataluña. Con un gobierno del PP se llevaron a cabo transferencias —con el antiguo estatuto de Cataluña— que supusieron el traspaso de 1.676 empleados públicos, más de 130 inmuebles y una dotación económica de 82 millones de euros. El balance del Gobierno del PSOE se resume en el traspaso de la línea ferroviaria “Lleida-La Pobla de Segur”. Es una pena que este gobierno, tan preocupado en encargar estudios, no elabore un informe comparativo entre el nivel de descentralización del Estado cuando gobernaba el PP y el actual. Sin duda, no resistiría la comparación.