De mi libro "Tan catalán como tú", por desgracia de rabiosa actualidad
"Los gobiernos catalanes “de progreso” ni estudian ni trabajan. El “problema catalán” no es el del “encaje” en España, como gustan de soltar a la primera de cambio los políticos nacionalistas y sus altavoces mediáticos. El verdadero problema catalán es la falta de transparencia. Porque mientras el tripartito encargaba esos informes y estudios a amigos, parientes y conocidos, CiU miraba hacia otro lado. Mas no nos apoyó cuanto solicitamos la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña. Cosas del oasis.
En realidad, la transparencia acabaría con el inmenso chiringuito. Del mismo modo que los vampiros no sobreviven a la luz del día, ciertas prácticas autóctonas no soportan la luz y los taquígrafos. Por eso la denuncia pública de las irregularidades es interpretada como un ataque a Cataluña, como una salvajada, como una intolerable agresión. Y los medios de comunicación que no se doblegan y desafían la ley del silencio, se exponen a serios problemas.

En mayo de 1999, el gobierno de la Generalidad decidió no renovar tres de las licencias radiofónicas que la cadena COPE tenía en Cataluña. El ejecutivo nacionalista de Convergencia i Unió quería castigar a una empresa que nunca se ha caracterizado por su indiferencia frente a los excesos del nacionalismo catalán. La decisión de CiU no sólo perjudicaba a la COPE, sino que castigaba de paso a los más de ciento veinte mil catalanes que en aquellos momentos la escuchaban. La cifra, por cierto, no ha hecho más que crecer. En 2004 se contabilizaban más de 170.000 catalanes entre la audiencia diaria de la emisora. Fue entonces cuando otro gobierno nacionalista, que ya no presidía Pujol sino Pasqual Maragall, quiso bajar la persiana de la COPE en Cataluña.

En 1999, el presidente de la Generalidad había justificado su decisión argumentando que la libertad de expresión debía “utilizarse bien para la gente y no para explicar mentiras”. Yo mismo interpelé a aquel gobierno y pregunté a Pujol cuál era ese poder divino que poseía y que le permitía dirimir desde el poder ejecutivo quién decía la verdad y quién mentía.

Cuando el tripartito volvió a la carga contra la emisora, lo hizo repartiéndose los papeles. Maragall le dijo a Carod en un pleno parlamentario que no debía ser el gobierno catalán sino “otros” los que denunciaran a la COPE. Inmediatamente, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), el socialista Josep Maria Carbonell, informaba de la apertura de un expediente cuya finalidad era establecer si “las informaciones de la COPE en temas relacionados con Cataluña vulneraban el artículo 20 de la Constitución”.

No sé si Maragall se había referido al CAC o a El Periódico de Catalunya cuando aludió a los “otros”, pero no recuerdo que el Consejo Audiovisual de Cataluña abriera expediente alguno cuando, por ejemplo, desde Catalunya Ràdio se pedía que se “esterilizase” a la candidata del PP por Barcelona en las últimas elecciones generales porqué, según voces de la emisora, alguien que era capaz de “asesinar niños en Irak no tenía derecho a tener hijos”. En medios públicos tutelados por la Generalidad se han afirmado desde entonces cosas mucho peores, por difícil que parezca, lo que inevitablemente recuerda aquello de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Si la COPE injuria o calumnia, que las personas injuriadas o calumniadas se querellen, que acudan a la Justicia. Pero no me parece adecuado utilizar unas instituciones dependientes del poder político para castigar a profesionales que ejercen su derecho constitucional de informar y opinar sobre lo que hacen los gobiernos de turno. O la oposición. O quien sea.

Conozco personalmente a Josep Maria Carbonell y valoro su trayectoria en defensa de la libertad y la democracia. Me consta que en más de una ocasión ha puesto sus valores por encima de su militancia política. Cuando en 1999 el Gobierno de CiU le quitó las licencias a la COPE e interpelé al ejecutivo de Pujol en el Parlamento catalán, él intervino en el debate como diputado del PSC. Conviene traer a colación lo que la persona que luego presidiría el CAC dijo en el Parlamento de Cataluña el 19 de mayo de 1999, dirigiéndose a Xavier Trias, que era entonces conseller de la Presidencia. Como verán, coincide con mi punto de vista. Estas fueron sus palabras textuales:

“Mire, señor Consejero, la calumnia y la difamación son un delito. Si alguien cree que dice mentiras debe ir a los tribunales. Dígame, señor Consejero, ¿quién es un gobierno para decidir qué es mentira y qué es verdad? En ningún sitio consta que un gobierno tenga estas atribuciones. De pronto, el presidente de la Generalidad se convierte en un censor y, además, en un censor ejecutivo. Hoy es la COPE, mañana puede ser cualquier otra emisora que no guste. (...) Estas afirmaciones cambian la lógica de nuestro sistema democrático al introducir una forma de censura que no está prevista ni en la Constitución ni en ninguna de nuestras leyes. En Cataluña hace falta más libertad, más pluralidad en los medios de comunicación públicos y privados. Debemos romper silencios y favores que podrían pudrir las aguas del oasis. Nosotros queremos un país de puertas abiertas, un país que quiere ser más libre y aireado y para serlo necesitamos más libertad y pluralismo en los medios de comunicación. Esto, Consejero, es lo que está en juego.” Amén.

Deseé intensamente que el señor Carbonell no cambiara de opinión como presidente del CAC al llegar su partido al gobierno. Deseé que se aplicara a sí mismo, punto por punto, aquellos impecables principios expuestos en 1999. La libertad de expresión y de información son pilares sobre los que se sustenta nuestra democracia. Esto es, amigo Carbonell, lo que está en juego".

Sirera propone un plazo de 48 horas en el que los concejales reciban la información a debatir en los órganos locales(EUROPA PRESS).
El presidente del PP en el Parlament, Daniel Sirera, propuso hoy establecer un plazo mínimo de 48 horas en el que los concejales reciban del gobierno local los expedientes informaciones y documentos a debatir en la comisión o el pleno municipal, para "garantizar el derecho a la información de los concejales de la oposición".

Por este motivo, Sirera reclamó que se modifique la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña introduciendo un apartado específico en este sentido, algo que considera "muy necesario para poder ejercer las legítimas y necesarias funciones de oposición".

Sirera denunció que el derecho a la información se ve "gravemente vulnerado" en muchas corporaciones locales de Cataluña, porque los concejales "o no reciben los expedientes, o no los tienen con suficiente antelación" para poder preparar los debates.

Asimismo, el líder popular añadió que, en el caso que la información requerida se encuentre en archivos o registros que deban ser consultados de forma obligatoria, el derecho de acceso debe producirse "con una antelación mínima de siete días hábiles".

"Muchos ayuntamientos contienen previsiones al respecto en sus reglamentos de organización, pero es necesario extender esta práctica a todos los consistorios catalanes", aseguró.